Aunque casi inmediatamente tras su proclamación, el profesorado
universitario español tuvo noticia de la existencia de la Declaración
de Bolonia (1999) y de sus designios principales, no ha sido hasta
los últimos meses que ha tomado contacto real con el fenómeno
de la Convergencia Europea. De esa situación cabe responsabilizar
en buena medida al Ministerio de Educación de la anterior etapa
gubernamental. Así, aunque una de sus titulares, Pilar del Castillo,
manifestó en diciembre de 2002 que Bolonia implicaba «una recreación
del sistema universitario en su conjunto», se dejó pasar la ocasión
de la discusión, redacción y puesta en práctica de la Ley de Ordenación
Universitaria (2003) para llevar a cabo el debate y la concienciación
necesarios, así como para dar pasos sustantivos en esa dirección.
Puede decirse que de cara al cumplimiento de este objetivo con
fecha fija no sólo se ha obrado sin prisas, sino que se ha acumulado
una gran demora. Y que si bien en los dos últimos años y medio
han proliferado las actuaciones en favor de la convergencia universitaria,
el compromiso boloñés ha sido casi exclusivamente centro
de los afanes de los gestores y administradores sin que lamentablemente,
por diversas razones, los profesores, los llamados a llevarla
a la práctica, hayan sabido hasta el momento bien a qué atenerse
o adónde hay que llegar, ni tampoco las consecuencias que el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) tendrá para ellos y sus
disciplinas.