No cabe la menor duda de que el proceso de convergencia para
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha despertado
en algunos casos y acelerado en otros la preocupación por la calidad
en un sentido amplio. La impresión generalizada es que la universidad
española en su conjunto, al menos por aquellas experiencias conocidas,
está intentando responder a los nuevos retos de una manera
bastante global y sustantiva, es decir, haciendo comprender —lo cual
no resulta a veces fácil— que, más allá de adaptaciones formales,
lo que se está poniendo sobre la mesa desde hace ya años es una
nueva forma de enseñar y de aprender.
A pesar de retrasos respecto a otros países europeos, de falta
de decisión en el anterior marco legislativo de la LOU y de alguna
que otra ambigüedad por falta de normativas claras, lo cierto es
que, por primera vez, las llamadas a un cambio en la docencia universitaria
son algo más que retórica y están suponiendo un mayor
grado de compromiso político por parte de las autoridades académicas.
Las voces que reclaman desde dentro de los órganos de gobierno
de las universidades saltos cualitativos y no cuantitativos se dejan
oír cada vez con más fuerza.