La protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión electrónica de los derechos introducida en el Código do Direito de Autor e Direitos Conexos portugués en
2004, como consecuencia de los Tratados OMPI de 1996 y la transposición de la Directiva 2001/29/CE, es demasiado amplia. Esto permite a los titulares ampliar sus derechos exclusivos
de explotación a áreas tradicionalmente libres de derechos de autor y derechos conexos, e incluso la protección de la información organizada por el derecho sui generis del productor de
datos, lo que socava el equilibrio entre los titulares de derechos y los usuarios, con graves daños a estos últimos y a la sociedad en general, afectando al desarrollo de la cultura, la educación, la libertad de expresión y de información. De este modo, se crea una situación paradójica: en la sociedad de la información, en la que la información digitalizada es accesible con un solo clic, el usuario está menos protegido que en la era analógica. La legislación, sin embargo, es sólo el reflejo de lo que ocurre a nivel de la Unión Europea y más allá (por ejemplo, los EEUU). Esto requiere un replanteamiento de todo este asunto a escala internacional.