Dentro de lo que es la estructura del Derecho Urbanístico, la gestión y ejecución del planeamiento ocupa un papel crucial, pues está encaminada a evitar que el plan urbanístico se convierta en letra muerta y, por consiguiente, que dicho instrumento de ordenación se aplique con todo lo que ello supone (urbanizar, edificar, respetar los estándares urbanísticos, aplicar la distribución de beneficios y cargas, etc.). En este contexto, las normas sobre gestión obedecen a una tradición ya asentada en el urbanismo español, aunque a partir de la importante STC 61/1997, de 20 de marzo, se abrió la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan legislar de forma casi completa sobre la materia. No obstante, esta competencia debe conjugarse de forma equilibrada con las funciones que el Estado tiene también sobre sectores o ámbitos materiales muy importantes, y que condicionan las normas que las Comunidades pueden aprobar. Esto dibuja un panorama muy complejo donde los ámbitos competenciales de los legisladores estatal y autonómicos deben armonizarse para respetar el sistema constitucional. Pues bien, dentro de este contexto se observa que muchas de estas disposiciones están condicionadas por lo que es la cultura urbanística imperante, pero otras normas, en cambio, contienen novedades de calado, como sucede con la figura del agente urbanizador o el sistema de ejecución forzosa.

Este libro examina todas esas cuestiones desde una perspectiva autonómica global, para lo cual analiza de forma sintética todas las normas que sobre la materia se han aprobado hasta el momento presente. Con ello se da una visión panorámica al lector sobre uno de los apartados esenciales del Derecho Urbanístico, que, como sucede con otros, necesita también una actualización, revisión o reforma para procurar más eficacia en la ejecución de los planes y más seguridad jurídica en la aplicación concreta del sistema.