El presente trabajo pretende circunscribirse a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en relación a la pasividad de la Administración a la hora de resolver e informar a los administrados en la solicitud de las licencias de edificación, y cómo estos hechos limitan el derecho a la propiedad de los particulares. Con carácter previo al análisis de los diferentes aspectos de este trabajo, conviene tener en consideración tres puntos de vital importancia antes de entrar a valorar los diferentes puntos a tratar:
1.- Los principios de confianza legítima y seguridad jurídica de la Administración respecto a los administrados, conjugado con el objetivo de servir a los intereses generales (artículo 103 de la Constitución).
2.- El derecho de propiedad, es caso del todo, imposible configurarlo de antemano por el poder legislativo y ejecutivo de forma genérica, dado que no puede prever todas las situaciones de hecho que se producen, amén de tener en consideración las características singulares, no sólo nacionales sino también regionales y locales, donde más se aprecia y se sienten los problemas cotidianos de los ciudadanos.
3.- ¿Cómo participan el administrado y la Administración en la configuración de los diferentes derechos y obligaciones que integran el derecho a la propiedad privada? Una configuración que se traduce, de acuerdo con el análisis realizado del ordenamiento jurídico vigente, en dos obligaciones de resultado para el administrado, esto es, control judicial y responsabilidad patrimonial de la Administración.
En este sentido, y por provenir quizás de una ciudad histórica como es Toledo, siempre me ha llamado la atención el patrimonio histórico de España, y cómo éste ha ido pasando de generación, en generación, lo que supone un motivo de orgullo en unos casos y de carga gravosa en los otros, la mayor parte, por cierto, máxime cuando este derecho, el de propiedad, tiene un contenido mayoritariamente económico que eclipsa cualquier función o participación social del mismo.