El objeto de este artículo es analizar las políticas de Naciones
Unidas en relación con la Seguridad Internacional y la prevención de
conflictos armados, y sus efectos sobre la población femenina. Los datos
de la conflictividad en los últimos cinco años muestran un rebrote
de la violencia que hace necesario que la agenda internacional tenga
en consideración la intervención exterior, la mediación y las políticas
de recuperación. Desde los años noventa, la violencia contra las mujeres
en los conflictos armados ha dejado de ser considerada un asunto
privado. Los informes ponen al descubierto masacres indiscriminadas,
mutilaciones, violaciones, agresiones sexuales... que sufre la población
civil, especialmente las mujeres, y autoras como Nicole Detraz, Cyntia
Enloe, Catia Confortini, Laura Sjoberg y Jan Pettman han desarrollado
conceptos como el de la violación como arma de guerra. La Resolución
1325 de Naciones Unidas es el primer texto legal que exige que
las partes en conflicto prevengan la violación de los derechos de las
mujeres y que apoyen su participación en las negociaciones de paz, así
como la consiguiente reconstrucción, y ha orquestado líneas de acción
en Naciones Unidas además de en los Estados concernidos. La sociedad
civil y las ONGs han desempeñado al respecto un papel muy activo
también en los últimos veinte años, de tal manera que el impacto
de la Resolución 1325 se ve reflejado en los cambios legislativos de muchos
países tal como indica el Informe Anual de la Secretaría General.