El trabajo aborda la colisión del derecho a la información reconocido a consumidores y usuarios y ese otro derecho exclusivo atribuido al grupo de usuarios legítimos de PDO / PGI.
Constituye una cuestión controvertida muy interesante que no puede ser resuelta a través de los criterios clásicos de resolución de conflicto de normas. La solución, por tanto, radica en la
coordinación de los intereses subyacentes, cuyo esquema está contenido en una Comunicación de la Comisión Europea que contiene directrices sobre el tema que han sido elevadas al estatus
normativo por el Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

