La publicación de la nueva Ley de la Autoridad Catalana de la Competencia ha sido impulsada por el Gobierno catalán para dar cumplimiento por un lado, a las políticas impulsadas por la UE que han visto su reflejo en la actual LDC y, por otro, al nuevo marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de 2006. El cambio institucional producido en el contexto estatal, así como las nuevas funciones y las modificaciones procedimentales han influido en la actuación de las Autoridades de competencia de las Comunidades Autónomas. De ahí que algunas
Autoridades autonómicas —como la catalana— que habían seguido el antiguo modelo institucional nacional, hayan decidido modificar sus normas de Derecho de la competencia para poder asumir las nuevas funciones y adaptarse a la modificada regulación de los procedimientos. Los dos grandes cambios que para llevar a cabo este objetivo contiene la Ley 1/2009 se encuentran sobre todo en la creación de una nueva estructura orgánica de Autoridad única, similar al modelo de la LDC, que asume las nuevas funciones y que desarrolla de forma más exhaustiva algunas competencias que ya venían desarrollando los Órganos de competencia anteriores.

