La publicación de la nueva Ley española de Defensa de la Competencia ha incidido en la actuación de las autoridades de competencia de las Comunidades Autónomas. Esta reforma ha conllevado importantes repercusiones en las funciones y en los procedimientos que, en materia antitrust, tienen que aplicar los órganos autonómicos. En algunos ámbitos esas funciones han aumentado y, en todo caso, la aplicación de los procedimientos deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley nacional. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el cambio institucional producido en el contexto estatal ha influido también en la regulación de los procedimientos previstos en la Ley de Defensa de la Competencia. De ahí que las autoridades autonómicas que han seguido el antiguo modelo institucional nacional pueden tener dificultades para desarrollar correctamente las nuevas funciones y aplicar adecuadamente los correspondientes procedimientos. Por todo ello, en muchos supuestos, las normas de las Comunidades Autónomas en materia de competencia deberán ser modificadas para poder asumir esas nuevas funciones y adaptarse a la reciente regulación de los procedimientos.