Quizás sea una obviedad que el anticlericalismo haya que descifrarlo
como un hecho que, en su propio concepto, no puede existir sino como
réplica a un poder evidentemente clerical. En tal caso, habrá que desembarazarse
de un tópico historiográfico fraguado por sectores partidarios
y que arrastra en su inercia y comodidad explicativa a investigadores
de autoridad incuestionable. Precisamente fueron textos y panfletos,
elaborados por el clero con carácter militante y con fines hagiográficos,
los que lanzaron, al socaire de sus primeras derrotas políticas, el anatema
del anticlericalismo. Definieron así, de modo peyorativo, por su negatividad,
el comportamiento y las medidas que el liberalismo adoptaba
en el proceso de organización de un Estado y de un mercado desde
los principios de soberanía nacional, representatividad ciudadana y libertades
económica y de pensamiento. Eran principios revolucionarios que
abolían siglos de monopolio cultural, de inmovilización de bienes y
de taifa política. Sin embargo, desde sus primeros pasos el liberalismo
español -hay que destacarlo- es católico no sólo por definición constitucional,
sino también por prohibición de la libertad religiosa, una
cuestión que se plantearía con excesiva tardanza.