La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad introdujo por primera
vez en el ordenamiento español algunas previsiones en materia de acciones legales
en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios frente a la
publicidad ilícita. Aunque la existencia de esta regulación debe considerarse un dato
positivo, un examen detenido de la misma revela que, pese a las sucesivas reformas,
no se cuenta todavía hoy con un texto sistemático y claro, circunstancia que obliga a
efectuar notables esfuerzos interpretativos. A lo anterior ha de añadirse la necesidad
de complementar dicho régimen con las reglas procedimentales sobre acciones colectivas
previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por otra parte, también se advierte
que frente al ilícito publicitario el consumidor recibe un tratamiento distinto al que se
prevé en otros sectores del ordenamiento materialmente cercanos —como el derecho
de la competencia desleal—, disparidad que resulta en ocasiones difícil de justificar.