Los diferentes discursos securitarios que se han venido expandiendo en la última década han llegado al punto de impregnar, cuando no dominar, todos los aspectos relacionados con el sistema de justicia penal y de buena parte de los demás aspectos de la vida social, incluido el ejercicio de los derechos fundamen¬tales por parte de los ciudadanos. El encumbramiento de la seguridad a la categoría de principio informador de todo el sistema de convivencia está generando no pocos problemas y numerosos excesos por parte de la administraciones públicas, que han abrazado esta exi¬gencia con una efusividad no del todo comprensible. De hecho, el problema radica en que son los sistemas democráticos más es¬tables los que con mayor intensidad están viviendo la dialéctica seguridad-democracia, realizando cada vez más concesiones a la primera en detrimento de la segunda. Sin embargo, no existen razones suficientes para que las lógicas demandas de seguridad deban ser satisfechas a costa de reducir o impedir el pleno ejercicio de unos derechos y libertades cuya existencia y desarrollo sólo se entiende, precisa¬mente, en los sistemas políticos que disfrutan de una democracia material. En este sentido, la seguridad se configura sólo como una condición para el ejercicio de los derechos y libertades, y, por lo tanto, reforzar aquella sólo tiene sentido si el objetivo final es favorecer a estos, es decir, mantener y, en su caso, ampliar los espacios para su ejercicio. Por ello, cualquier discurso que contraponga y premie a la condición frente al fundamento será un discurso erróneo y peligroso. En la obra que ahora se presenta, se redoblan los esfuerzos para transmitir la idea de que la mejora de las condiciones de seguridad es posible dentro del sistema democrático y con los instrumentos actuales, que son precisos cambios de modelo en la gestión de la seguridad y que los excesos en la mejora de esta última siempre presentan costes inasumibles en cualquier Estado de Derecho. En este punto,