La prevención de riesgos laborales #en especial, en el ámbito del empleo en las Administraciones Públicas- ha sido una de las tradicionales asignaturas pendientes en nuestro país. Nuestra incorporación a la Comunidad Europea supuso un revulsivo de extremada relevancia para avanzar en esta materia con la correlativa necesidad de transponer a nuestro Derecho interno el importante acervo comunitario en la materia. El crecimiento de esta Política Social comunitaria se vio favorecido por tratarse de una materia especialmente sensible en cuanto a costes laborales y, por tanto, de relevancia para la competencia intracomunitaria, por lo que tradicionalmente ha constituido un ámbito de la política social muy desarrollado y con reglas menos exigentes en cuanto a la toma de decisiones. Con independencia de ello, y como se desarrolla en la obra, ya nuestro texto constitucional contenía preceptos inequívocos de los que se puede derivar la exigencia de un especial celo en la tutela de la vida, la integridad física y psíquica (la salud) #inherente también a la dignidad de la persona-, con los correlativos condicionantes y mandatos para los actores sociales (públicos y privados). Esta exigencia es específica y tiene previsiones concretas cuando se trata de afrontar y prevenir los riesgos derivados de la actividad profesional. El carácter social de nuestra Constitución propicia un sistema de garantías en torno a tres bienes jurídicos, vinculados entre sí por una estrecha relación de interdependencia, y por su inmediata influencia sobre el status jurídico del empleado público: la vida, la integridad física y la salud y el bienestar de éste (arts. 15, 43 y 40.2 CE). El objetivo no debe ser solamente la evitación de riesgos sino la mejora progresiva de la salud en el trabajo, esto es, no solamente en sus aspectos físicos o materiales sino también el contexto socio-ambiental del trabajo. Como garantía de la vida y salud de los empleados públicos se obliga a los poderes públicos, especia