El 29 de octubre de 2004, los jefes de Estado y de Gobierno de los veinticinco países que en aquel momento componían la Unión Europea firmaron en la ciudad de Roma el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Con aquel solemne acto se ponía, aparentemente, punto final a un proceso iniciado con el Tratado de Maastricht en 1992, jalonado después por los Tratados de Amsterdam en 1997 y Niza en 2000 y que, cincuenta años después de los Tratados fundacionales, pretendía "repensar Europa" en el momento en que nuestro continente se aprestaba a realizar la más ambiciosa ampliación de su historia. Redactado por una Convención en la que participaron los gobiernos nacionales, la Comisión europea y parlamentarios europeos y nacionales, el Tratado constitucional tenía una nítida vocación de permanencia. Tras las vicisitudes por las que atravesó el proceso de su ratificación, especialmente después del rechazo en los referenda celebrados en Francia y Holanda, ¿Qué sucedió en esos tres años? ¿Cuál fue la respuesta política de los responsables europeos? ¿En qué consiste el nuevo Tratado que se firmará en Lisboa el 13 de diciembre de 2007? ¿Queda en él algo de la primitiva Constitución europea o estamos ante un texto completamente diferente? ¿Eran necesarias las reformas contenidas en el Tratado constitucional? ¿Cuál sería el coste de no haberlas adoptado? ¿ Constituye el Tratado de Lisboa la respuesta adecuada a las necesidades de los europeos? ¿En qué manera incrementa la responsabilidad democrática, la transparencia, la visibilidad o la eficacia de las instituciones europeas? Un grupo de expertos convocados por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, el Instituto Universitario Europeo de Florencia y la Fundación Rafael del Pino han querido resolver estos y otros interrogantes en el texto que tienen entre sus manos y que ve la luz al mismo tiempo que los responsables políticos europeos proceden a la firma del T