En esta obra se analiza detalladamente la regulación que la Ley de Enjuiciamiento Civil española realiza de las llamadas acciones de grupo o acciones colectivas, reconocidas por primera vez en nuestro ordenamiento procesal civil con sustantividad propia, al margen de las previsiones del arto 7 de la LOPJ y de las referencias que a las mismas se encontraban, ya antes de la aprobación de la LEC, en las normas sectoriales. La Ley de Enjuiciamiento Civil, renunciando a regular un proceso especial en la materia, reconoce la posibilidad de que estos derechos e intereses de carácter colectivo tengan acceso a nuestros tribunales, a través de la previsión de ciertas especialidades en instituciones procesales de gran importancia (competencia, capacidad, legitimación, prueba, diligencias preliminares, sentencia y ejecución). Al hilo de las exigencias del Derecho Europeo se regula, también con sus propias particularidades, la acción de cesación.
Para poder entender esta regulación y los problemas que de la misma se derivan se ha decidido acompañar el análisis de la regulación española de un estudio de derecho comparado, que partiendo del ejemplo inevitable en la materia, las class actions de los Estados Unidos, analiza la regulación en realidades jurídicas más próximas a la nuestra (Francia, Portugal, Italia y Alemania, o que podrían haber servido de modelo a nuestro legislador, Brasil), así como los intentos que desde el seno de la Unión Europea se están haciendo en la materia y que ha supuesto un "nuevo impulso" al respecto.