A mediados de los noventa, organismos internacionales y diferentes Estados acompañan a la sociedad en un llamamiento al sector privado para la asunción de un nuevo modelo de convivencia y de gestión que permita dar solución y respuesta a una nueva realidad globalizada y cambiante. Desde Naciones Unidas a la Unión Europea o la OCDE, el debate sobre la Responsabilidad Social Empresarial se multiplica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos o las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo tratan de marcar mínimos en el respeto de los Derechos Fundamentales. Las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales facilitan toda una serie de principios en áreas como los derechos o el medio ambiente que deben ser respetados por sus países miembros. En el Informe Brundtland, publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo y se incluye la defi nición de desarrollo sostenible como aquel que permite alcanzar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras la satisfacción de sus propias necesidades. Del Foro Económico Mundial de Davos de 1999, y como consecuencia de una iniciativa presentada por Kofi Annan en el marco de las Naciones Unidas, surge el Global Compact o Pacto Mundial tratando de involucrar a las empresas en los principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE, en adelante). Tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y la Cumbre de Río +5 de Nueva York, la Cumbre de Johannesburgo de 2002 gozó de una muy importante participación de la sociedad civil, siendo uno de los temas latentes la RSE abriendo el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio y la formalización de políticas al respecto. En el año 2000, se produce la publicación de la versión defi nitiva de la primera guía GRI facilitando a las empresas unos criterios básicos para la elaboración de las memorias de sosten