Asistimos a una auténtica revolución tecnológica que ha originado cambios en los modelos de producción y de configuración de las relaciones laborales, de ahí que todas las empresas, públicas y privadas, hayan debido de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación interpersonal. Aunque si bien estas mutaciones de la realidad industrial han servido para avanzar hacia una mayor y más eficaz gestión de las formas de instrumentalización empresarial, no han logrado, sin embargo, reforzar los cimientos ya establecidos para la salvaguarda de ciertos derechos amparados con el máximo nivel de garantías constitucionales, a saber: el derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad, a la imagen... etcétera. El difícil equilibrio entre la tutela del patrimonio empresarial (de un lado) y el respecto al derecho a la intimidad (de otro lado) se ha alzado en un plano prioritario, convirtiéndose de este modo en el gran protagonista de una realidad cada vez más surrealista en donde la lucha por la defensa de uno y otro interés adquiriere una enorme relevancia en la práctica diaria empresarial.

La falta de una específica regulación estatutaria no ha hecho más que agravar la problemática existente, debiendo para ello recurrirse a las distintas interpretaciones judiciales para solventar muchas de las cuestiones que se suscitan. Bien es cierto que, aunque la realidad económica, tecnológica y social ha evolucionado rápidamente, ésta no podrá instituirse en óbice para los derechos fundamentales, adoptando así una postura menos garantista. Todos los esfuerzos deberán centrarse ahora en avanzar en pro a los derechos sociales fundamentales que les corresponden a todos los trabajadores. De lo contrario, nos iremos acercando peligrosamente a la aniquilación del Derecho del Trabajo y, por ende, a la destrucción de los principios guía de todo Estado Social y democrático de Derecho.