Los viejos moldes jurídicos se enfrentan al reto de adaptarse a las nuevas realidades. Esa es, también, la encrucijada de la ejecución hipotecaria. Su corpus normativo se enraíza en el sistema romano y evoluciona, fragmentado, hasta alcanzar la dicotomía actual: ejecución judicial vs. ejecución extra­judicial. Ambas despliegan virtudes y limitaciones. Y ambas se topan, hoy, tras una progresiva pero contenida transformación, con la necesidad de recomponer su estructura para abordar la creciente protección de las personas consumidoras; en una coyuntura caracterizada por la preocupante saturación de los juzgados y la necesidad de abrir —en plena crisis sanitaria, económica y social— espacios de acercamiento y alianza. Una mirada al resto de Europa puede resultar reveladora. La reforma de la legislación que regula la ejecución extrajudicial es tan acuciante que aflora la oportunidad de construir un nuevo paradigma de ejecución hipotecaria; fusionando el control jurisdiccional de los hitos clave del proceso con la realización ágil y adaptada a cargo de los operadores más especializados. No es momento de poner en jaque la legitimidad constitucional de la ejecución notarial. Ni es momento para dilucidar si el procedimiento de ejecución extrajudicial es, realmente, un procedimiento, o lo es, en puridad, de ejecución. Una revaloración de lo público obliga a estar a la altura, procurando protección, seguridad y certidumbre, tanto en la elaboración de las legislaciones como en su interpretación y aplicación. Hay experiencia y conocimiento suficiente para transformar la dialéctica de poder en compromiso y construcción conjunta