El Derecho español de Extranjería ha experimentado una transformación radical en los últimos años. Varios factores han contribuido a ello. En primer lugar, la introducción de dos categorías de extranjeros, auténtica summa divisio del Derecho español de Extranjería. En efecto, desde el 7 de febrero de 1992, fecha en la que se aprueba en Maastrich el Tratado de la Unión Europea. En efecto, a partir de ese momento, puede afirmarse que, en el Derecho español de Extranjería existen dos categorías de extranjeros claramente diferenciadas. Por un lado, los ciudadanos que ostentan la nacionalidad de un Estado Miembro de la UE están sujetos en España a un régimen muy dulcificado de Extranjería, un régimen que trata de asimilar su status jurídico-público al de los ciudadanos de nacionalidad española. Por otro lado, los ciudadanos de países no comunitarios y apátridas, constituyen los #verdaderos extranjeros#, sometidos a un régimen severo de control jurídico-público. En consecuencia, esta obra distingue dos #regímenes de Extranjería#: el régimen general aplicable a los extranjeros no comunitarios y el régimen privilegiado aplicable a los ciudadanos de la Unión Europea. En segundo lugar, la intromisión comunitaria en la regulación de la Extranjería. Una avalancha de normas jurídicas comunitarias está llegando de forma incesante al Derecho español de Extranjería. Es cierto que la #competencia funcional# para elaborar normas en lo relativo a la #Extranjería# pertenece todavía a cada Estado Miembro por separado. Pero esto no es más que un espejismo. El legislador comunitario, que ante nada se detiene, ha elaborado y elabora sin descanso normas que afectan al Derecho español de Extranjería. Las autoridades comunitarias han fundado su competencia en el art. 2 del TUE, cuyo texto indica que uno de los objetivos de la Unión Europea, es el mantenimiento y desarrollo de un #espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamen