Casi no hay semana en que no aparezca un reportaje importante sobre la amenaza de destrucción de un recurso natural valioso. En junio de 1989, por ejemplo, un artículo del New York Times se centraba en el problema de la sobrepesca en el Georges Bank, a unas 150 millas de la costa de Nueva Inglaterra. En la actualidad la captura de bacalao, lenguado y abadejo no representa más que un cuarto de lo que era durante los años sesenta. Todos saben que el problema básico es la sobreexplotación de los bancos pesqueros; sin embargo, no hay acuerdo entre los interesados sobre cómo resolver el problema. Los representantes en el Congreso recomiendan una nueva legislación nacional, aun cuando las leyes vigentes se aplican de manera irregular. Los representantes de los pescadores argumentan que los terrenos de pesca no se encontrarían en condiciones tan lamentables si el gobierno federal hubiera renunciado a sus esporádicos intentos de regular la pesca en el pasado. El asunto en este caso, y en muchos otros, se refiere a encontrar la mejor manera de limitar el uso de recursos naturales para asegurar su viabilidad económica a largo plazo. Los defensores de la regulación central, la privatización y la regulación en manos de los interesados han promovido sus prescripciones de política en múltiples foros. Situaciones semejantes tienen lugar en distintas escalas que van desde pequeños barrios hasta el conjunto del planeta. La cuestión de cómo administrar mejor los recursos naturales utilizados por muchos individuos no está más resuelta en la academia que en el mundo de la política.