Prol. Antonio V. Sempere Navarro. Desde estas primeras líneas introductorias se quiere ilustrar brevemente sobre los motivos últimos que han guiado y presidido la elaboración del presente estudio sobre el acoso laboral en el empleo público. Con este propósito, hay que destacar que la finalidad buscada al abordar esta temática es reflexionar sobre la situación jurídica en que se encuentra, por un lado el tratamiento del acoso laboral en nuestro país (en su vertiente legal, doctrinal y jurisprudencial) y por otro, el estudio particular del mismo en el ámbito funcionarial, dada la especial incidencia de esta patología laboral en el empleo público. Este sector ha sido sometido recientemente a reforma tras la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril con el objetivo de diseñar un nuevo régimen que sirva para acoplar el modelo clásico de la Función Pública a las nuevas realidades que presentan las Administraciones Públicas. Por esa razón el análisis de esta normativa se coloca en el fronstispicio de nuestro estudio y enriquece el interés que suscita. La presente investigación nos conducirá al examen de las particularidades sociales, organizativas y jurídicas que manifiesta el acoso moral (mobbing) en el ámbito público y a la reflexión sobre la bonanza que el enfoque iuslaboralista puede aportar a la solución de estas patologías profesionales, debido a la considerable influencia que el Derecho Laboral está teniendo en la regulación del empleo público, es decir en referencia a la llamada «tendencia labora-lizadora» de la Función Pública. Es fácil entrever que existe una interesante cuestión que subyace en todo nuestro planteamiento y a lo largo de nuestra investigación: las complejas, y no siempre pacíficas, relaciones entre el Derecho Laboral y el Derecho Administrativo de la Función Pública. Las tensiones entre estas dos ramas de nuestro Ordenamiento jurídico en orden a la regulación de este sector, aunque vienen siendo tradicionales, se hacen visibles de forma oportu