El título “Derecho Penal Económico, Parte General” podría sugerir la idea
de que existe una Parte General del Derecho Penal Económico distinta a la Parte General del Derecho Penal. Tal deducción no es, sin embargo, correcta, pues este trabajo parte, más bien, de la premisa de que la Parte General del Derecho Penal resulta aplicable a todos los delitos económicos. Ante esta afirmación podría preguntárseme, entonces, cuál sería el sentido de hacer una Parte General del Derecho Penal Económico. La respuesta es bastante sencilla: destacar las problemáticas que suscitan los delitos económicos en los distintos temas de la Parte General y ofrecer propuestas de solución con base en los principios generales del Derecho penal. En ese sentido, el punto de partida es que el Derecho penal económico no cuenta con una autonomía funcional que traiga consigo el reconocimiento de principios regulatorios y criterios de imputación propios. Se trata simplemente de un sector especial del Derecho penal2. Por esta razón, el presente libro debería ser entendido básicamente como una especialización de la Parte General del Derecho Penal.