El presente artículo analiza la financiación pública de los denominados Servicios de Interés Económico General («SIEG») ha sido una cuestión polémica, centrada en determinar si las compensaciones que las empresas que los prestan, reciben, o no, ayudas estatales.
Las sentencias Ferring (2001) y Altmark (2003) excluyen tal consideración si se cumplen determinadas condiciones y nuestro trabajo repasa la jurisprudencia posterior y valora su coherente aplicación.

