Es objeto del presente estudio, junto con la legalidad transversal y concordante de las materias afectadas, un análisis principal del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto puesto en relación con la disposición final 4.ª de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Nos proponemos comparar el actual régimen con el provisional anteriormente vigente en España y el de un futuro previsiblemente armonizado por la normativa de la Unión Europea (UE), incluyendo en ese contraste a los drones militares. Lo hacemos para saber si en esta materia aeronáutica caben mejoras de oportunidad técnico jurídica que se puedan proponer, sobre todo, en la lucha policial antiterrorista y sin perjuicio de la colaboración del personal militar expresamente designado para tal fin.
Son materias afectadas en un contexto multidisciplinar tan propio como el de la lucha antiterrorista, en su caso, el derecho a la vida, la soberanía estatal, la inviolabilidad territorial, la protección del medioambiente, las zonas prohibidas y restringidas al vuelo, las telecomunicaciones por uso del espacio radioeléctrico, el tratamiento de datos de carácter personal y su protección, la navegación y circulación aérea, los seguros por responsabilidad civil en accidentes e incidentes aéreos, la seguridad ciudadana y reglamentación de la Policía Local, la utilización de videocámaras por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, la Defensa Nacional, la Seguridad del Estado y las centrales nucleares e infraestructuras críticas.