El artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, atribuye la competencia objetiva en los litigios sobre propiedad industrial a determinados Juzgados de lo Mercantil. En
concreto, recurre a un sistema de concentración judicial para lograr la especialización de los Juzgados en materia de propiedad industrial. Esta previsión normativa fue cuestionada, por
supuesta inconstitucionalidad, por un JM que planteó sendas cuestiones de inconstitucionalidad al TC. En el presente trabajo, se analizan los pronunciamientos del Tribunal al respecto, concretando si la regulación normativa y la decisión del TC, se ajustan al diseño constitucional de organización del Poder Judicial.