Los nacientes Estados iberoamericanos heredaron una Iglesia Católica
que extendía su poder temporal e influencia moral a toda la población
gracias a unos privilegios reales y unas riquezas acumuladas durante
siglos. En el período colonial tardío, los conflictos producidos por la
unión entre la Corona y la Iglesia se resolvieron ineludiblemente a
favor de la primera, marcando un hito en la política regalista la expulsión
de los jesuitas de Brasil (1759) e Hispanoamérica (1767). Los reyes
de España y de Portugal ejercieron su autoridad sobre el clero convirtiendo
el Patronato Regio en un eficaz medio para controlar el poder
de la Iglesia. Así, por ejemplo, la Iglesia del virreinato de Nueva España,
el mayor propietario y prestamista que controlaba dos tercios del capital
invertido, tuvo que doblegarse a la Real Cédula de consolidación de
vales reales de 1804 -destinada a financiar a la Monarquía españolahasta
la crisis imperial de 1808. Tras la independencia, las primeras
Constituciones iberoamericanas proclamaron la religión católica como
la oficial del Estado y los gobiernos buscaron dar continuidad al patronato
para sujetar a la Iglesia y mediar en su dependencia con Roma (lográndose
en Brasil, Río de la Plata, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador
y Venezuela). La separación Iglesia-Estado no siempre fue lineal ni
estuvo exenta de conflictos hasta culminarse la secularización del Estado
y la emancipación de la Iglesia en el marco de un régimen de libertad
de cultos.