Las personas con trastorno mental no son ajenas al sistema de justicia penal. Sin embargo, el modelo vigente ha centrado tradicionalmente el debate en la imputabilidad, relegando a un segundo plano una cuestión decisiva: la capacidad procesal. Someter a una persona a un procedimiento que no puede comprender ni en el que puede participar de manera efectiva vacía de contenido la función garantista del proceso penal y pone en riesgo derechos fundamentales esenciales, como el derecho de defensa, la contradicción o la igualdad de armas.

Esta obra ofrece un análisis crítico del tratamiento jurídico-procesal de la persona investigada con trastorno mental, tanto cuando la alteración está presente en el momento de la comisión del hecho delictivo como cuando sobreviene durante el proceso. A partir de un estudio teórico y de un trabajo empírico, se ponen de relieve lagunas normativas, incoherencias del sistema y respuestas judiciales desiguales que pueden derivar en situaciones profundamente injustas. El libro plantea la necesidad de una reforma que reconozca de forma autónoma la capacidad procesal y dote al proceso penal de instrumentos eficaces y verdaderamente garantistas. Se trata, en definitiva, de una reflexión necesaria sobre justicia penal y derechos fundamentales en el Estado de Derecho.