La obra ofrece un estudio detallado y crítico de la protección de los denunciantes, partiendo del contexto internacional y europeo y analizando asimetrías y contradicciones en la transposición de la normativa española. Examina con profundidad quiénes pueden considerarse informantes y en qué contextos se garantiza su protección, incluyendo relaciones laborales, vínculos indirectos y extemporáneos, así como las exclusiones y limitaciones materiales de la ley. También analiza el ámbito objetivo de aplicación, que evidencia una fragmentación entre el modelo europeo y el nacional y la existencia práctica de umbrales diferenciados.

Se estudia asimismo la Autoridad Independiente de Protección del Informante, su independencia orgánica, funcional y económica, y sus funciones, con atención al procedimiento de recepción, tramitación de denuncias y protección frente a represalias. Se examinan también las técnicas legales y organizativas adoptadas por las autoridades autonómicas, cuyo panorama heterogéneo pone de relieve la necesidad de coordinación con la autoridad estatal.

Finalmente, el trabajo pone de manifiesto las tensiones prácticas derivadas de la normativa en la configuración de los canales internos y su relación con los externos, incluyendo la limitada posibilidad de ampliar internamente el ámbito de aplicación y otros espacios de discrecionalidad administrativa que condicionan la eficacia del sistema. Estas tensiones subrayan la importancia de decisiones organizativas y de un imprescindible desarrollo normativo interno, cuya adecuada adopción es clave para garantizar la coherencia, la seguridad jurídica y la efectividad preventiva del modelo de protección del denunciante.