Hay una historia escrita de las funciones públicas: los expedientes, como reflejo documental de los procedimientos a través de los que los entes públicos desarrollan su acción, dejan constancia de las maneras y formas a través de los que la Administración actúa. Hay un mundo tras el papel y ahora del soporte electrónico. Puede haber de todo; puede latir el pesimismo del «vuelva usted mañana» o el «hoy puede ser un gran día», dependiendo del funcionario que en suerte te caiga. Tenemos derecho y necesidad de acceder a ellos pues se convierten no sólo en un elemento clave para el control judicial de la Administración, para el cumplimiento del principio de legalidad y también para la participación ciudadana, esencial en cualquier país que se precie de ser democrático. Al tiempo de encargar esta obra, se daba por sentado que son muchos y muy meritorios los estudios que analizan cada uno de estos aspectos parciales del documento. Que no es lo mismo para la normativa procesal reguladora de la prueba documental, que para las normas penales que sancionan las falsedades documentales, o para las normas administrativas que regulan el derecho de acceso a archivos o registros# Sin embargo, resulta difícil encontrar obras de conjunto, que asuman llevar a cabo un análisis global del Derecho documental. Así la excesiva departamentalización de la universidad ha sido un factor decisivo, en nuestra opinión, a tales efectos. Ninguna disciplina acoge el estudio de la totalidad del régimen documental, en parte circunscrito al Derecho civil, al Derecho procesal, al penal, al administrativo.