En los años finales del siglo XIX y los primeros del XX la actividad pesquera española se adentró en un proceso de transformaciones que tendió a modernizar la flota, pero también a generar nuevas formas de asociacionismo y de conflictividad sociolaboral entre los pescadores. Para solucionar esos problemas sociales se plantearon entonces varias propuestas, aunque la que acabó plasmándose en la segunda década del Novecientos fue la de Alfredo Saralegui, basada en la implantación de los denominados "Pósitos de Pescadores", unas asociaciones cooperativas amparadas por el Estado a través del Instituto Social de la Marina. En poco tiempo dichos pósitos fueron incrementando secciones, desde las más habituales de socorros mutuos o de educación hasta las más innovadoras de comercialización directa de la pesca o de embarcaciones colectivas, y extendiéndose por todo el litoral nacional, aunque con resultados muy diferentes entre unos puertos y otros. Tras la Guerra Civil, su carácter laico y colectivista no cuajó con el Franquismo, que prefirió su abolición y su sustitución por unas remozadas cofradías de pescadores, poniendo así punto y final a una gran aventura reformista, la misma que aquí se analiza en todas sus múltiples facetas.