El trabajo gira en torno a los nuevos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (arts. 319 y 320 del Código penal), tras la reforma que de los mismos ha llevado a cabo la LO 5/2010. Tres son los ítems esenciales sobre los que se ha centrado el legislador, espina dorsal a su vez del estudio que aquí se lleva a cabo. El primero de ellos, es el de las conductas típicas, que han sido notoriamente ampliadas. Así, al margen ya de que dentro de las "obras" típicas se hayan incluido junto a las construcciones y edificaciones, las "obras de urbanización", ha de resaltarse el mayor número de conductas de funcionarios públicos y autoridades castigadas penalmente pues se han ampliado hasta abarcar los informes, votaciones y resoluciones que recaigan sobre instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación. Asimismo, se ha procedido a castigar la omisión del deber de realizar inspecciones, así como la silenciación de las infracciones detectadas. El segundo de los ítems señalado se refiere al sujeto activo; en esta línea se ha procedido a castigar penalmente a las personas jurídicas en cuyo marco se lleven a cabo las obras típicas. Y finalmente, han de resaltarse las modificaciones que han sufrido las consecuencias jurídicas a imponer a los autores, elevando la duración de las penas de prisión y de inhabilitación, incorporando como alternativa a la multa-día, la multa proporcional, así como ampliando las medidas de carácter real en manos del juez que pasa a poder decretar junto a la "demolición", "la reposición"; a todas ellas se añade una previsión expresa en materia de comiso de dudosa eficacia. Todo ello viene a poner de manifiesto el interés mostrado por el legislador en otorgar una mayor protección penal a los bienes jurídicos en juego. Por su contenido, estructura e índices -bibliográfico y jurisprudencial- este estudio constituye un instrumento de trabajo idóneo para quienes operan a diario con estos tipos penales tan altamente tecnificados.