El undécimo informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) analiza la realidad de las personas refugiadas en el mundo, en Europa y en España. 2012 fue el año de los conflictos en Siria y Mali y del aumento de las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea, mientras en España, otro año más, marcaban un mínimo histórico. Una vez más, las políticas de externalización de fronteras, entre otros factores, impidieron la llegada de personas necesitadas de protección internacional a nuestras fronteras. Dentro de esa lógica de blindaje de fronteras resulta enormemente preocupante el papel otorgado a Ceuta y Melilla como grandes centros de retención, en los cuales se impide la libre circulación de las personas refugiadas, o la expulsión colectiva del grupo de migrantes llegados al islote de Isla de Tierra, un tipo de expulsión prohibida expresamente por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el informe se analiza cómo esos factores, junto a otros obstáculos de acceso al procedimiento de asilo y a las bajas concesiones de protección internacional, han mantenido otro año más índices de solicitudes de asilo muchos más bajos respecto a los países de nuestro entorno. Sin embargo, no todo han sido malas noticias. La puesta en práctica del programa de reasentamiento ha supuesto un avance, aún insuficiente, en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas de larga duración en países con graves déficits en la protección del colectivo.