Según la Carta de San Francisco, la misión principal del Consejo de Seguridad es velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva pudiendo incluir la adopción de medidas recogidas en el Capítulo VII de la Carta. A partir del año 2001, con la presentación del Informe sobre la Responsabilidad de Proteger, se reavivó el debate sobre el alcance de los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y la legalidad de las intervenciones por motivos de protección humana. Este principio, nació con el objetivo de lograr un consenso para adoptar una norma con carácter vinculante que dote a la comunidad internacional de unos parámetros de actuación para impedir situaciones de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En 2015 se cumplieron diez años desde su adopción formal en el Documento Final de la Cumbre Mundial. Los aniversarios resultan ser coyunturas idóneas para hacer balance sobre los progresos y las dificultades, así, este estudio, ha pretendido hacer un análisis de la evolución de la noción y valorar cuál ha sido la respuesta respecto a su implementación por parte de las Naciones Unidas, de los Estados de forma individualizada y de otras organizaciones regionales.