La protección del consumidor ha sido una materia de tradicional impulso comunitario desde la década de los 80, pero la esfera del Derecho penal tiene una implantación relativamente reciente con la incorporación en 1995 de los delitos contra los consumidores recogidos en los artículos 281 a 283, a los que en la reforma de 2010 se añade el artículo 282 bis) sobre publicidad de activos financieros. El ordenamiento jurídico español ha sido uno de los que más se ha desarrollado en materia de protección del consumidor en el seno de la Unión Europea, siendo uno de los pocos que ha previsto la más diversa y amplia gama de métodos de solución de conflictos a su alcance en el intento de atajar los problemas que el mercado puede ocasionar al consumidor. Esa variedad de métodos de solución de conflictos abarca desde las medidas de naturaleza civil o mercantil hasta las sanciones e naturaleza administrativa y penal que tratan de asegurar la integridad de la protección de los intereses de los consumidores frente a los ataques más virulentos de otros agentes del mercado. Para evaluar la eficacia de esta regulación global habrá de tener muy en cuenta la fundamentación material que tiene en la Constitución, en el Derecho originario de la Unión Europea y en los textos que contienen en la actualidad los conjuntos de derechos, intereses y políticas prioritarias tanto en los países que integran junto al nuestro la Unión Europea. Asimismo, habremos de analizar la plasmación técnica de los recursos sancionadores dedicados a la solución de conflictos relativos al consumo y su grado de corrección y de eficacia. Este es el objeto y contenido de esta obra.