El derecho al doble grado jurisdiccional, de que goza toda persona declarada culpable de un delito, impuesto al Legislador procesal penal español por las normas internacionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convenio Europeo de Derechos Humanos), y acogido sin fisuras por nuestra Jurisprudencia constitucional, ha limitado la disponibilidad del legislador para diseñar el sistema de recursos dentro de cada proceso, y le ha obligado a establecer una segunda instancia o doble grado jurisdiccional en los procesos penales.
A la espera de una nueva Ley procesal que sustituya la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde 1882, las sucesivas reformas legales han venido incidiendo en la necesidad de establecer una segunda instancia generalizada en todo tipo de procesos penales. Sin embargo, a pesar de la proclamación contenida en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ de 1 de julio de 1985, lo cierto es que esta generalizada segunda instancia no se ha conseguido en su totalidad.
El presente trabajo, después de analizar la compleja situación del segundo grado jurisdiccional penal en la legislación actual, y de examinar la abundantísima jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional- a quien no le ha quedado más remedio que forzar en muchos casos los argumentos para evitar la declaración de inconstitucionalidad de nuestro sistema legal de recursos-, ha pretendido poner de manifiesto, de forma clara y palmaria, las deficiencias del sistema, las soluciones parciales que se han ido dando a los graves problemas planteados, y las propuestas de futuro para afrontar una global reforma de la segunda instancia penal.