En los albores del nuevo milenio, la educación superior se ha visto sujeta a diferentes oleadas de innovación y reformas en todo el mundo. Las últimas dos décadas han sido testigos de cambios sin precedentes en la legislación en todos los ámbitos, no sólo en materia de educación superior. El papel del Estado se ha reducido, mientras que el del Mercado ha crecido en importancia. Algunos creen que el menor papel del Estado repercute de forma negativa en la calidad de la educación superior y en el compromiso social de las universidades. Otros consideran que la creciente importancia del Mercado es una excelente oportunidad para aumentar la oferta y diversificar las opciones a fin de mejorar el compromiso social a través del refuerzo de la responsabilidad. En este contexto marcado por el cambio de funciones, la demanda de la educación superior ha seguido aumentando de un modo espectacular. Pasó de haber 13 millones de estudiantes en 1960 a cerca de 115 millones en el año 2004, una cifra que casi duplicaba la registrada la década anterior. A pesar de que 70 países (de un total de 111) han incrementado su partida presupuestaria para la educación superior como porcentaje del gasto público en educación (Sanyal y Martin 2005)[1], el Estado no ha sido capaz de mantener un ritmo económico acorde con ese crecimiento de las matriculaciones. Esta situación ha dado lugar a una crisis económica sin parangón. Para enfrentarse al reto del aumento de la demanda y de la posterior crisis económica, las sociedades y sus estados han respondido de varias formas. Sin embargo, parece haber cada vez más consenso en que para lograr un grado adecuado de financiación de la educación superior, todos los agentes deben colaborar en una iniciativa de cofinanciación.