En este trabajo se trata de valorar si el proceso, como uno de los instrumentos esenciales y constitucionalmente exigibles para la defensa y consecución de los derechos subjetivos y la cumplimentación en cánones adecuados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (al suponer la concurrencia de garantías de certeza, previsibilidad o seguridad jurídica, y trazar una senda de actuación irrebasable para la Administración de Justicia), puede estar sufriendo una difícilmente aceptable desnaturalización o mutación hasta erigirse en un instituto cada vez más administrativizado y desapegado de su verdadera razón de ser.

Ese fenómeno se ha podido gestar a raíz del emprendimiento de un frenético camino de reformas legislativas que viene teniendo lugar en los últimos años y en cuyo pujante brío permanecemos mientras esta obra ve la luz.

El análisis sobre esa cuestión se aborda desde diferentes puntos de vista, aunque todos los factores en presencia tengan aptitud para concurrir en sinergia común y provocar tal efecto. Así, se reflexiona sobre la nueva Oficina judicial, el estatuto orgánico y funcional conferido a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia no integrados en la Carrera judicial (con especial intensidad en lo que concierne a los Secretarios judiciales), o las erogaciones competenciales en este sector entre el Estado y las Comunidades autónomas.

Las conclusiones que se aspira a obtener tienden a constatar ese fenómeno y alertar sobre sus graves consecuencias, la más importante de las cuales radicaría en una minoración cualitativa de ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que no cabe asumir pacíficamente, al contrariar postulados constitucionales.