Tanto la diligencia policial de interrogatorio al sospechoso o detenido, como la declaración del sospechoso o detenido ante el Ministerio Fiscal se ubican en la llamada instrucción preliminar. En inicio, cabe afirmar que lo declarado en el transcurso de estas diligencias carece de eficacia probatoria. Sin embargo, el análisis de la doctrina jurisprudencial realizada por la autora, pone de relieve que nos encontramos ante un ámbito lleno de controversias y sugestivas interpretaciones. La Ley 41/2015, de 5 de octubre y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, han supuesto cambios jurídicos, sustantivos y procesales que afectan derechos fundamentales y libertades públicas, en conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Las nuevas previsiones exigen una modificación radical de algunas de las prácticas “tradicionales” que se venían realizando en el desarrollo de estas diligencias, sin embargo, tal y como se analiza en esta obra, no siempre tales reformas resuelven en la realidad aspectos como la eficaz asistencia letrada en sede policial, el derecho de información, el derecho a una entrevista previa en condiciones de confidencialidad, el derecho de acceso a los materiales del expediente, etc.