Desde una perspectiva funcional, esta obra viene a suplir el vacío doctrinal que existía desde la promulgación de la Ley 4/2000, de 7 de enero, de modificación de la declaración de fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de naufragios y siniestros. La nueva regulación, que significó un acortamiento de los plazos para la declaración de fallecimiento en caso de ausencia calificada, no había sido tratada con la profundidad necesaria.

El autor, tras revisar la naturaleza jurídica de la declaración de fallecimiento, considera que no constituye una presunción de muerte, porque ni responde a la misma estructura lógica, ni sus consecuencias son equiparables. Además, demuestra que el fundamento «único» del instituto de la declaración de fallecimiento reside en la incertidumbre sobre la existencia del desaparecido y no en otros factores como, por ejemplo, el transcurso del tiempo. Por otra parte, aporta una nueva clasificación de los supuestos en que procede la declaración de fallecimiento y propone nuevos criterios para el cómputo de los plazos y para la fijación del momentum mortis.

En el aspecto sustantivo, aborda de manera específica los efectos de la declaración de fallecimiento tanto en la esfera personal, como en la patrimonial y familiar.

Además, analiza exhaustivamente las cuestiones procesales, ofreciendo una visión eminentemente práctica que permitirá al operador jurídico encontrar la solución para problemas concretos. Por último, el autor examina —con una perspectiva innovadora— la problemática de la revocación de la declaración de fallecimiento y sus consecuencias jurídicas.