La gestión de la escasez es una tarea característica de la Administración, que se enfrenta a la adjudicación de recursos escasos en situaciones de concurrencia en numerosos ámbitos materiales: de la adjudicación de licencias y concesiones para la prestación de servicios de transporte, a la de cuotas de emisión a la atmósfera de gases contaminantes; de la asignación de bienes y derechos patrimoniales, a la concesión de títulos habilitantes para el uso de bienes demaniales; del otorgamiento de ayudas y subvenciones, a la selección de contratistas y funcionarios; de la adjudicación de plazas en centros docentes, en fin, a la gestión de infraestructuras culturales de titularidad pública.
La ordenación sectorial de la adjudicación de estos y otros recursos escasos refleja una imagen caracterizada por la diversidad. Al mismo tiempo, sin embargo, el hecho de que la Administración ejerza en todos esos ámbitos una misma función, consistente en adjudicar recursos en situaciones de escasez, tiene como consecuencia que algunos elementos de su régimen jurídico (procedimiento, decisión, tutela) tiendan a converger. Se trata de una nueva confirmación de un viejo principio: el régimen jurídico de las técnicas e instrumentos propios de la actuación administrativa no resulta sólo de su naturaleza jurídica, sino también (y, quizás, principalmente) de la función que el Derecho administrativo les asigna.