En la primera parte del presente trabajo se desarrolla una consistente y severa crítica a aquella posición -fuertemente arraigada y mayoritariamente sustentada en la doctrina española- que aboga por un bien jurídico de carácter patrimonial en las denominadas insolvencias punibles. Consecuencia necesaria de dicha crítica es el replanteamiento y sistematización que hace el autor de los bienes jurídicos protegidos por las denominadas insolvencias punibles; concluyendo que el delito de alzamiento de bienes protege el proceso de ejecución y que el delito de concurso protege la funcionalidad del crédito. Al diferenciar los bienes jurídicos subyacentes en las denominadas insolvencias punibles se intenta dotar de una mayor razonabilidad a la solución del problema concursal que entre dichas figuras se suele presentar. En la segunda parte de la obra se presenta un completo análisis dogmático de las mencionadas figuras delictivas que resulta coherente con los enunciados político criminales que se pueden desprender de los bienes jurídicos defendidos por el autor. Conforme a lo anterior se logra organizar una interpretación del comportamiento típico en el delito de concurso del art. 260 CP que refleja con mayor énfasis las necesidades de certeza y determinación inherentes al principio de legalidad y, por otra parte, proveer de una fundamentación única (vinculada a la lesión del proceso de ejecución) para entender la equiparación -entre supuestos de ejecución iniciada con otros de previsible iniciación- que el legislador ha realizado al momento de formular la estructura típica del art. 257.1.2º CP