Como es sabido, la reforma laboral 2012 trajo consigo una profunda modificación del régimen jurídico del despido colectivo. En concreto, porque suprimió la autorización administrativa como requisito previo para la extinción colectiva de contratos de trabajo, trasladando con ello el eje central del procedimiento al desarrollo de un efectivo periodo de consultas. Así las cosas, las obligaciones de información y consulta adquirieron un papel protagonista en el nuevo escenario de las reestructuraciones empresariales, siendo muchos los interrogantes suscitados en torno a este concreto deber empresarial: ¿qué información debe facilitarse? ¿Con quién se debe negociar? ¿Qué se puede negociar? ¿Cómo se debe negociar? ¿Cuándo se entiende incumplida esta obligación? La presente obra pretende dar respuesta a estas y otras cuestiones, analizando y sistematizando para ello toda la doctrina jurisprudencial sentada hasta la fecha, lo que la convierte en una herramienta de consulta imprescindible para todos los operadores jurídicos.