El derecho administrativo actual pasa por grandes transformaciones, entre
ellas las que atañen a la idea de servicio público; al desplazamientos de las
formas de prestación de servicios que incumben al Estado; el desenvolvimiento
y expansión de la contractualización y la consensualidad, en relación
con la prestación de aquellos servicios, evolucionado hacia lo que se ha
denominado el “ejercicio consensual de la potestad administrativa”.
Tal mutación de la postura del Estado, dejando de ser, sobre todo, prestador,
y pasando a regulador de los servicios, también coincide con las alteraciones
en el sentido de aquellas actividades que le incumbe prestar, desarrollándose
el concepto de servicio público en toda su controversia, construido por la
doctrina clásica francesa (recuérdese a LEÓN DUGUIT), y apareciendo el servicio
universal o servicio de interés general, como bien resalta Matilde CARLÓN
RUIZ, partiendo de la idea de que “el concepto de servicio público se presenta
desde su origen como paradigma de ambigüedad”.