Proclamada la Segunda República, se inicia un proceso acelerado de secularización en el que la eliminación de la escuela religiosa es una de las cuestiones prioritarias para la conjunción republicano-socialista. La situación generada con las primeras medidas adoptadas se fue agravando con el debate constitucional y el posterior desarrollo legislativo, que eliminaba la religión de las escuelas públicas y prohibía la existencia de colegios de la Iglesia o de congregaciones religiosas. La proclamada tolerancia se convirtió en intransigencia.
Las protestas de los católicos llegaron desde todos los ámbitos: desde las altas esferas de la Santa Sede hasta los padres de alumnos de los pueblos más recónditos. Se iniciaba la lucha por la escuela, con los argumentos enfrentados de la exclusividad del Estado en materia de enseñanza, por una parte; o la del derecho de los padres a escoger y dirigir la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza, por otra. El fracaso de las negociaciones políticas, tras duros enfrentamientos, obligó a los católicos a poner en marcha iniciativas para paliar las prohibiciones legisladas, destacando el esfuerzo de las asociaciones católicas de padres de alumnos, lideradas por personas excepcionales, en pro de la creación de escuelas religiosas a cargo de seglares.