La Justicia militar que se desarrolló entre 1936 y 1945, primero por los sublevados por el 18 de julio y después por el régimen que instauraron, tuvo la "intencionalidad de eliminar todo aquello que significaba u olía a proyecto republicano", según afirma el catedrático Antonio Barragán, que analiza el "holocausto" que sufrieron al menos 11.000 cordobeses. Barragán (Aguilar de la Frontera, 1949) ha dedicado doce años a recorrer archivos y ha puesto un momentáneo punto y aparte en su investigación sobre la represión que se desarrolla a partir del final de la Guerra Civil, aunque aborda también parte de ella.

Enterado era el término con el que Franco confirmaba la ejecución de la pena de muerte que se dictaban en las sentencias y que cerraba el camino a una posible conmutación por otra de cárcel.

A lo largo de más de novecientas páginas, el catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba no sólo analiza el desarrollo de la justicia militar y cómo fue aplicada, "sino cuáles fueron sus objetivos, de qué forma lo fue y qué características tuvo", según desvela.

"Los objetivos fundamentales de esta justicia militar no fueron otros sino el intentar erradicar, intentar eliminar desde la raíz, como han dicho algunos compañeros, el proyecto político que la República había intentado poner en marcha desde el momento de su implantación", afirma, además de "quienes habían sido sus principales sustentadores políticos e institucionales", como alcaldes, diputados, concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos republicano.

A su juicio, se trató de "una represión perfectamente orquestada, muy planificada, muy intensa, con unos puntos muy intensos entre el final de la guerra civil y 1941, en mitad de 1941, en donde hay muchas personas que vuelven a sus pueblos porque se creen aquello de que 'quien no tenga las manos manchadas de sangre no tiene nada que temer' y, sistemáticamente, incluso los propios soldados que se entregan en masa del ejército republicano derrotado, van a pasar por los tribunales militares".

Pero también entre los represaliados, cuyo número está convencido que aumentará en varios miles cuando se digitalicen por completo los expedientes referidos a Córdoba del archivo del Tribunal Militar Territorial dos de Sevilla, que lleva a cabo la Diputación, "hay también personas que realmente no tuvieron un compromiso muy específico con la vida política republicana, pero que sí, en algún momento, pudieron de alguna manera manifestar su adscripción a las ideas y a los valores que la República representó".

Entre los más 11.000 casos que ha conocido ha incorporado en el libro "un capítulo que me parece de especial interés, que es la aplicación de la justicia militar sobre la mujer, aproximadamente 750 expedientes militares".

Algunas fueron milicianas, pero otras simples militantes de algunas organizaciones republicanas, sobre todo, del Socorro Rojo Internacional, una entidad que realizó campañas de apoyo a prisioneros, o de algunos partidos de izquierda, que en ocasiones eran encausadas por amancebamiento, lo que hace concluir a Antonio Moriana que la justicia militar ya marcada el perfil que el régimen diseñó para la mujer española.

En su opinión, en la provincia de Córdoba "es evidente que hubo una represión importante en las dos zonas, en la zona rebelde que se sublevó contra la legalidad constitucional republicana y en la en la propia zona republicana", aunque se trata, subraya, de una represión "bastante asimétrica".

Ello porque mientras las zonas que quedaron bajo control republicano, la represión "parece que es consecuencia de la descomposición de la estructura político y administrativa del Estado republicano en los primeros meses de la guerra, donde la sublevación militar triunfó en los primeros días o en las diversas campañas que se hicieron a lo largo de la guerra es una represión planificada".