La formación y la cualificación profesional de los trabajadores es, en opinión ampliamente compartida, uno de los principales factores de competitividad en la economía del conocimiento. En un mundo cada vez más globalizado, en el que los intercambios de mercancías y de capitales son cada vez más frecuentes, el nivel educativo y la preparación profesional de la población constituyen un activo que todo país debe cuidar al máximo si quiere estar en condiciones de competir con garantías de éxito con otros países que por razones históricas, geográficas o de otro tipo tienen ventajas competitivas en otros ámbitos. La preocupación por el nivel y la calidad de la formación profesional de la población activa está muy presente en la Unión Europea, sobre todo en aquellas actuaciones más directamente vinculadas al mercado de trabajo, como sucede con la Estrategia Europea de Empleo. Las directrices u orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para el periodo 2008-2010 establecen como ejes prioritarios de actuación la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas y el aumento de la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones. Por lo que respecta a nuestro país, la firma de los Acuerdos de Formación Continua en diciembre de 1992 supuso el punto de partida de una política dirigida a fomentar la inversión en formación por parte de las empresas y a facilitar la actualización y el reciclaje profesional de los trabajadores que tiene como estación de llegada la aprobación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que unifica en un subsistema único las iniciativas de formación de la que se benefician los trabajadores ocupados y los planes y programas de formación dirigidos a los desempleados. Esta obra aborda el conjunto de aspectos implicados en dicho subsistema, comenzando por el análisis de las bases constitucionales de la pol