Muchas han sido las razones que han determinado al Legislador a afrontar la nueva regulación del patrimonio de las Administraciones Públicas. En su Exposición de Motivos, la Ley 33/2003 se ha referido a los cambios producidos desde la Ley de Patrimonio del Estado como justificación de la reforma, que persigue 'sentar las bases normativas para la formulación y desarrollo de una política global relativa a la gestión de los bienes , públicos estatales, abordar los diferentes problemas que plantean las relaciones entre las distintas Administraciones públicas en materia patrimonial, efectuar una detenida revisión de las normas que rigen la administración de bienes y actualizar la regulación del patrimonio público empresarial El contenido de la Ley es, por tanto, muy extenso y ambicioso; presta atención de forma destacada a los principios de relación entre Administraciones, órganos, patrimonios, bienes e incluso políticas públicas imbricadas en un mismo ámbito, con la finalidad de dotar de coherencia al sistema; pero posiblemente los aspectos que más han preocupado al Legislador han sido los referidos a la gestión patrimonial (constituye -dice la Exposición de Motivos- "el eje central de su regulación') y al patrimonio público empresarial: la incorporación de nuevas técnicas, la simplificación procedimental, y la persecución de la 'máxima eficiencia' en la utilización de los espacios destinados a oficinas y dependencias administrativas constituyen algunos de los aspectos de su contenido que la Exposición de Motivos subraya de manera especial. La idea general a la que responde esta obra no es otra que la de analizar e interpretar las previsiones de la nueva Ley, de forma concisa y útil para el intérprete y aplicador, con el necesario rigor y exhaustividad, evitando el comentario apresurado y urgente. La ordenación de los trabajos que componen este libro se ha efectuado atendiendo a un criterio sistemático, por bloques, materias o ámbitos uniformes de regulación, por consid