¿Una prueba obtenida ilícitamente puede bastar para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al acusado? En España, la ley dice que no: si se vulneran derechos fundamentales para obtenerla, la prueba se excluye, porque la verdad material no puede obtenerse a cualquier precio. Pero ¿qué ocurre cuando quien actúa no es el Estado, sino un ciudadano cualquiera? Este trabajo responde a esa pregunta a través del caso Falciani, en el que un empleado de un banco que se llevó listados con miles de cuentas en Suiza y los entregó a las autoridades, destapando posibles fraudes fiscales. El Tribunal Supremo y el Constitucional concluyeron que esa información podía usarse, porque el empleado actuó por su cuenta y sin ser instrumento de la policía, de modo que excluir la prueba no disuadiría a nadie. El autor recorre el origen de la regla de exclusión probatoria, desde Estados Unidos hasta Europa, y explica cómo se llegó a esta excepción, así como sus límites: si el particular actúa a las órdenes de la policía, la prueba vuelve a ser inválida. También examina qué pasa con los denunciantes (whistleblowers) y los detectives privados, y defiende que el legislador regule por fin esta cuestión.