La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso una profunda reforma de una de las categorías de los procesos universales, mediante la que se configuró un proceso universal único para la satisfacción de los acreedores de personas que se encontrasen en situación de #crisis económica#, con independencia de que el deudor tenga la condición de empresario o no, y articulado de forma flexible, en cuanto que, presentando una fase común, permite que el proceso único finalice mediante soluciones alternativas, bien por la vía del convenio, bien mediante la liquidación. La importancia de la declaración judicial de concurso en el nuevo proceso universal no pasa desapercibida al intérprete, no sólo porque constituye la resolución de inicio de esa fase común, sino porque despliega intensos efectos, de modo generalmente inmediato, tanto desde la perspectiva del derecho sustantivo, como desde la perspectiva del derecho procesal La entrada en vigor de la Ley Concursal y la entrada en funcionamiento del proceso colectivo de nuevo cuño generaron interrogantes y problemas de distinta naturaleza y calado, que fueron puestos de manifiesto en los numerosos comentarios a la ley publicados poco después de su publicación. Desde entonces ha transcurrido poco más de un lustro, durante el cual la jurisprudencia ha ido afrontando y resolviendo los diferentes problemas que suscitaba la interpretación y aplicación de la nueva normativa. Así mismo, en los comienzos del segundo lustro posterior a la aprobación y publicación de la Ley Concursal se han producido reformas legislativas que han modificado ésta, en mayor o menor medida, a través, de un parte, del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la crisis económica, y, de otra parte, de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El presente estudio tiene por objeto el análisis del