La ley procesal penal, en la medida en que regula el difícil equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y las garantías de los investigados, no es ni puede ser una ley ideológicamente neutra. Esta fuerte carga ideológica, producto del debate entre los partidarios de potenciar la seguridad y los defensores de alzaprimar las libertades individuales, dificulta el necesario consenso en la regulación de una materia tan delicada. Se ha dicho, con razón, que la ley procesal penal es en cierta medida el termómetro de la aplicación práctica del grado de democracia de un país.
Durante los últimos años, el debate político en España no se ha caracterizado precisamente por la obtención de grandes consensos en los temas claves del país. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido una excepción. Hasta la fecha se han elaborado ya diversas propuestas para sustituir nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, por un nuevo Código Procesal Penal acorde con las necesidades procesales derivadas de los tiempos actuales y las consecuentes nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, ninguna de dichas propuestas ha conseguido alcanzar el consenso necesario para ver la luz.
Así las cosas, desde hace ya algunos años los sucesivos legisladores han optado por la técnica del parcheo legislativo y las principales reformas legislativas no han ocultado el sesgo del grupo o color político dominante en cada momento. Esta incapacidad de nuestros políticos de poder consensuar los grandes temas que afectan a nuestra sociedad se ha traducido en un sinfín de numerosas reformas parciales de la más que centenaria LECrim.
Esta vorágine ha alcanzado su clímax en el pasado año 2015, durante el cual el legislador español modificó hasta en siete ocasiones nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta suerte, aún cuando técnicamente no podamos hablar de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sí podemos hablar de un nuevo proceso penal, pues las reformas han sido tantas, tan variadas y tan dispares que el nuevo proceso penal resultante ya no es el que regía antes de la vorágine legislativa.
El presente volumen recoge diversos trabajos elaborados por los más acreditados especialistas en cada materia analizando con visión crítica las reformas operadas en las principales instituciones del proceso penal español. No pretende pues ser una exposición sistemática de la nueva legislación sino ofrecer a los distintos operadores jurídicos las claves para proceder a una útil lectura constitucional necesaria para la correcta interpretación y aplicación de la nueva legislación.